La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que busca regular los procesos de transiciones gubernamentales en el país, con el objetivo de “fomentar la transparencia y organización durante un cambio de mando”.
El proyecto, que había sido dejado sobre la mesa en varias ocasiones, más allá de tener un informe favorable de la comisión permanente de Presidencia de la República, contó con el consenso de todas las bancadas.
La iniciativa, como su nombre lo indica, tiene como objeto regular el procedimiento de traspaso de mando, una vez concluido un proceso electoral, en los diferentes niveles de elección del país.
En primer lugar, la pieza establece que el proceso de transición iniciará al cuarto día posterior a la proclamación de los ganadores y penalizará aquellos funcionarios de “alto nivel”, que están obligados a participar en el proceso de transición y se nieguen a hacerlo.
Además agrega reglas durante el periodo de transición, para evitar que la administración saliente pueda realizar actos de gestión que “puedan comprometer los fines de la administración entrante”.
Entre las prohibiciones aparecen otorgar ascensos o designaciones de personal; donar o ceder bienes gratuitamente del Estado; iniciar proceso de licitaciones o contrataciones que excedan los compromisos establecidos por la Ley de Presupuesto General del Estado; aumentar los gastos previos en el presupuesto e iniciar proyecto u obras públicas no programadas.
En lo que respecta a falta y sanciones, el artículo 17 sobre Perjurio establece que “será considerado reo de perjurio, conforme las penalidades establecidas por el Código Penal, aquel que a sabiendas incluya información falsa en un informe de transición”.
Además, el artículo siguiente, sobre destrucción o mutilación de documentos públicos, indica que “cualquier funcionario o empleado público que destruya, extravíe u ocultare cualquier tipo de información, archivos o expedientes, incluyendo aquellos electrónicos, con la intención de retrasar u obstaculizar el proceso de transición o de evadir su responsabilidad en cualquier institución, departamento o corporación pública del Estado será sancionado con la pena de dos hasta diez años de prisión”
El proyecto, autoría del diputado Omar Fernández, podría ser conocido en una segunda lectura la próxima semana.
Paul Mathiasen
