La defensa de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en su reclamo de entrevista a los medios de comunicación alegó que aportarán datos probatorios, con nombres de personas, que «especifican la causa real» que condujo a su cliente a tan lamentable suceso.
Esto de acuerdo a la solicitud de seis páginas que realiza el imputado, a través de sus abogados, a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos para que la sociedad escuche su versión y no sólo la del Ministerio Público.
Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez Díaz explicaron que en esa entrevista su cliente “aportará datos probatorios de la causa y nombres específicos de personas relacionadas que son testigos directos de la causa real que condujo a tan lamentable y nefasto hecho inesperado”.
«Mi cliente tiene el interés de que esto aclare a la sociedad con su versión y no mediante la escucha de solo otra única versión, a fin de que, la sociedad confronte la suya con la de él y pueda ser testigo de excepción y deducir parte de la verdad«, explicaron.
Manifestaron que en el hipotético caso de que por razones atendible el lugar donde guarda prisión Mota Cruz sea un obstáculo para la realización de la declaratoria a la prensa, este pueda ser trasladado al lugar que la autoridad competente tenga a bien elegir, por el tiempo necesario que dure la entrevista o comparecencia.
Manuel Sierra Pérez sostiene que independiente de que estén de acuerdo o no, por estrategia procesales actúan por mandato y sólo tienen el compromiso de la defensa tecnico-juridico de Fausto Miguel Mota Cruz, por lo que entienden, además, que debe realizarse la entrevista para que explique cómo fue que desembocó el lamentable suceso.
Alegó que su cliente hace la petición de la entrevista, de dar su versión de los hechos, «para que en futuro no se repitan situaciones lamentables como el acaecido sobre el fatídico y lamentable episodio sangriento”.
Orlando Jorge Mera fue asesinado el lunes seis de junio en su despacho, por Miguel Cruz, quien de acuerdo a familiares y amigos del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De acuerdo al Ministerio Público el hoy imputado por el crimen planificó el suceso porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas.
La autoridades le ocuparon varias armas de fuego, documentos que lo vinculan a varias empresas y al Ministerio de Medio Ambiente, además de un carnet que señala que fungía como “Asistente Técnico Honorífico del Despacho del Ministro”, sin que desempeñara algún cargo en esa institución.
