El consejo de defensa del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez consideró que los hallazgos contenidos en el informe final emitido por la Cámara de Cuentas, al Plan Nacional de Humanización Penitenciario no son de carácter punitivo, sino incumplimientos administrativos.
Los doctores Carlos Balcácer y Francisco Franco, en rueda de prensa, hicieron referencia a varios puntos contenidos en dicho informe, señalando que el Ministerio Público (MP) hizo una mala interpretación del peritaje y que manejó la información a su antojo.
Se quejaron de que dicho documento fue filtrado a los medios por el MP sin haber sido notificado al investigado con miras a generar un espectáculo mediático en descrédito de su cliente.
Sostuvo que resulta preocupante que un órgano del Estado como es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana afirme esto, desconociendo u omitiendo lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios Obras y Concesiones y su reglamento No. 543-12, que habla de la falta de planificación de obras, previendo dicha ley aumenta y disminuye en un 25% todo monto contratado originalmente en obra.
Señalan que, de acuerdo con esto, no existe violación a la ley ni falta de planificación general cuando el aumento de las obras solo fue de un 5.13%, tras alegar que, de igual manera, todas las obras en ingeniería se evalúan con lo que se denomina un presupuesto o estimado de las obras.
Destacan que en la misma auditoría de la Cámara de Cuentas se afirma que existen procedimientos de compras vinculadas al Plan de Humanización que no fueron publicados y presentan un resumen a detalle.
En este detalle, en cambio sostienen se confirma la existencia estudios de suelo, estudios de topografía, impacto ambiental, entre otros, sin embargo, que según la auditoría no fueron publicados, pero sí certifica su existencia.
De igual manera, señalan se ha cuestionado la existencia de un estudio de impacto ambiental sobre La Nueva Victoria, quedando demostrado esta falsa acusación al contar dicha obra con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la respectiva resolución del Ayuntamiento de Guerra otorgando el permiso de suelo, documentos que reposan en los archivos de la Procuraduría General.
Balcácer dijo que el Ministerio Público se ha negado suministrar una fotocopia de dicha documentación, en franca violación a lo dispuesto en la ley de libre acceso a la
Información pública No. 200-04.
“Sobre la deficiencia en la supervisión y fiscalización de obras y vicios ocultos en la construcción de las obras, vale la pena señalar que Jean Alain Rodríguez no es constructor ni tampoco ingeniero, que estas responsabilidades”, adujo.
Sobre la Ausencia de Títulos de Propiedad cabe señalar la Nueva Victoria, hoy denominada Las Parras, se construyó sobre terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), amparada por su correspondiente certificado de títulos y un acuerdo interinstitucional para esos fines, siendo el inmueble erigido en un inmueble del Estado dominicano.
En dicha ocasión la Procuraduría General se ocupó de transparentar la reubicación de las personas que estaban asentadas, en su mayoría ilegalmente, sin recibir queja alguna hasta la fecha de hoy.
