El FBI recuperó documentos que estaban etiquetados como “ultrasecretos” de la residencia Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida, de acuerdo con documentos judiciales dados a conocer el viernes luego que un juez federal retiró el precinto a la orden que autorizó el allanamiento de esta semana.
Un acuse de recibo desclasificado por la corte muestra que los agentes del FBI sacaron 11 cajas de documentos confidenciales de la propiedad en la operación del lunes.
Entre ellos están algunos que llevaban la clasificación de secreto máximo y también de “información delicada compartimentada”, una categoría especial que busca proteger los secretos más importantes de la nación que, de ser revelados públicamente, podrían causar daños “excepcionalmente graves” a los intereses estadounidenses. Los registros de la corte no proporcionaban detalles sobre la información que los documentos podrían contener.
La orden judicial de allanamiento detalla que los agentes federales investigaban posibles violaciones a tres leyes federales, incluyendo una que regula la compilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la Ley de Espionaje. Las otras dos lidian con el ocultamiento, mutilación o el retiro de documentos, y la destrucción o falsificación de expedientes de investigaciones federales.
El acuse de recibo muestra además que los agentes federales recolectaron otros documentos presidenciales potenciales, como la orden de indultar a Roger Stone (un aliado de Trump); “una caja de documentos forrada en cuero” e información sobre el “presidente de Francia”. Una carpeta de fotografías, una nota manuscrita, “documentos secretos misceláneos” y “documentos confidenciales misceláneos” también fueron tomados durante el allanamiento.
La abogada de Trump, Christina Bobb, que estaba presente en Mar-a-Lago durante el allanamiento, firmó los dos acuses de recibo, uno de dos páginas y otro de una sola.
En una declaración previa el viernes, Trump afirmó que todos los documentos incautados por los agentes estaban “desclasificados” y argumentó que él los habría entregado al Departamento de Justicia si se lo hubiesen pedido.
Aunque en general los presidentes en funciones tienen la autoridad para desclasificar información, esa autoridad expira cuando dejan el cargo, y no estaba claro si los documentos en cuestión fueron desclasificados. E incluso los poderes para desclasificar pueden ser limitados en lo que respecta a secretos relacionados con los programas de armas nucleares, las operaciones encubiertas y algunos datos compartidos con aliados.
Trump mantuvo posesión de los documentos pese a numerosos pedidos de agencias federales para que entregase los registros presidenciales de acuerdo con la ley federal.
La orden de allanamiento de Mar-a-Lago ejecutada el lunes era parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia en torno al descubrimiento de documentos clasificados de la Casa Blanca recuperados de la casa de Trump este año. Los Archivos Nacionales le habían pedido a la dependencia que investigara después de decir que 15 cajas de archivos que recuperaron de la mansión incluían documentos secretos.
Se desconoce si el Departamento de Justicia decidió ejecutar la orden de allanamiento simplemente como forma de recuperar los documentos o como parte de una investigación penal más amplia. Varias leyes federales regulan el manejo de información confidencial y los registros presidenciales, y quienes hagan un mal uso de ellos enfrentan sanciones civiles y penales.
El magistrado federal Bruce Reinhart, el mismo juez que firmó la orden de allanamiento, autorizó la publicación de dicha orden y de los acuses de recibo a petición del Departamento de Justicia, luego de que el secretario Merrick Garland declaró que existía “un interés público sustancial en este asunto” y Trump dijo que respaldaba la publicación “inmediata” de la orden. El Departamento de Justicia le dijo al juez el viernes por la tarde que los abogados del expresidente no objetaron la propuesta de dar a conocer esos documentos.
En mensajes publicados en su red social Truth Social, Trump escribió: “No sólo no me opondré a la publicación de los documentos… Voy un paso más allá al alentar la publicación inmediata de esos documentos”.
La solicitud del Departamento de Justicia era notable porque esos documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación en curso, pero la dependencia aparentemente reconoció que su silencio desde el allanamiento había creado una oportunidad para que el expresidente y sus aliados lanzaran ataques verbales, y sentía que el público tiene derecho a una explicación del FBI sobre la causa de la operación del lunes en la casa del expresidente.
“El interés evidente y poderoso del público en comprender lo que ocurrió bajo estas circunstancias pesa fuertemente en favor de retirar el precinto”, se afirma en una petición presentada el jueves en el tribunal federal de Florida.
