La Organización de los Estados Americanos acordó enviar a Perú un “grupo de alto nivel” para analizar la situación política que atraviesa el país.
La resolución se enmarca como un logro para el presidente peruano Pedro Castillo que había solicitado activar la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo para «preservar la democracia”.
Se trataba de un as bajo la manga del mandatario que se ve comprometido nuevamente su permanencia en el cargo luego de que la fiscal general, Patricia Benavides, interpusiera una demanda constitucional en su contra por presuntamente dirigir una “red criminal”.
En ese contexto, Castillo había señalado que la democracia en su país estaba comprometida y que el Ministerio Público estaba implementando «una nueva modalidad de golpe de Estado».