La ciudad de Uvalde presentó el jueves una demanda contra la fiscalía local con el fin de obtener acceso a los expedientes y demás material de investigación sobre a la masacre de mayo pasado en la Escuela Primaria Robb, donde 19 niños y dos maestras fueron asesinados. La medida pone de relieve las persistentes tensiones respecto a la lenta respuesta de la policía y al flujo de información sobre el tiroteo.
La demanda presentada en el condado de Uvalde en contra de la fiscal de distrito Mitchell Busbee señala que la falta de acceso a información sobre la masacre del 24 de mayo está afectando la capacidad de un investigador independiente para revisar las violaciones a las políticas por parte de las autoridades y para determinar si se requiere tomar medidas disciplinarias internas.
Busbee está al frente de una investigación penal sobre el tiroteo, la cual incluirá la examinación de un reporte que espera del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El jefe de policía del estado señaló que el documento estará listo para fin de año.
“La comunidad de Uvalde en su totalidad ha esperado demasiado tiempo para obtener respuestas y transparencia en torno al tiroteo en la Primaria Robb”, manifestaron funcionarios de la ciudad de Uvalde en un comunicado.
Un empleado de la fiscalía de distrito de Uvalde se negó a comentar el jueves.
La única información que ha estado a disposición de una agencia de investigación independiente para la revisión de la ciudad ha provenido de testigos, “mucha de la cual fue proporcionada a la ciudad dentro de un acuerdo de confidencialidad y privilegios de investigación penal”, asegura la demanda. Busbee ha citado la investigación penal — la cual dijo a las autoridades de la ciudad que concluiría en noviembre — cuando se le han pedido más expedientes, afirma la demanda.
El investigador independiente Jesse Prado estaría sujeto a un acuerdo de confidencialidad en caso de recibir información, la cual ya fue entregada a otras agencias que llevan a cabo revisiones similares, según la demanda, y no estaría a disposición de ningún funcionario de la ciudad, de acuerdo con un comunicado difundido por las autoridades de la ciudad.
Casi 400 agentes de policía se presentaron en la escuela el día de la masacre, según un reporte investigativo del Congreso estatal, pero todos ellos esperaron más de 70 minutos antes de entrar al aula de 4to grado para confrontar al agresor.
Dos agentes ya han sido despedidos por sus acciones en el lugar de la matanza y otros han renunciado o sido puestos bajo licencia.
En octubre, el coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reconoció que las autoridades cometieron errores cuando fue confrontado por primera vez por los familiares de las víctimas de Uvalde en torno a las versiones falsas y contradictorias por parte de las autoridades y la falta de transparencia en la información disponible. McCraw defendió a su agencia y dijo que “no le fallaron” a Uvalde.
El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, ha criticado previamente la respuesta de las autoridades estatales al tiroteo y ha expresado su frustración ante la falta de información disponible sobre una de las peores masacres escolares en la historia del estado.
