El presupuesto de 2023 promovido por el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez obtuvo este martes el visto bueno del Senado español, lo que permite adoptar definitivamente un texto marcado por un gasto social récord y un impuesto excepcional a los contribuyentes más adinerados.
Los presupuestos aprobados este martes son los últimos antes de las elecciones legislativas previstas a fines de 2023, en las que el ejecutivo de izquierdas, minoritario en la cámara baja, se juega su continuidad.
El texto fue aprobado por una mayoría de 145 senadores de 263, sin ninguna enmienda, por lo que la adopción es definitiva.
La coalición de Sánchez, formada por los socialistas y Podemos (izquierda radical), ya había obtenido luz verde en el Congreso de los Diputados el 24 de noviembre, al término de laboriosas negociaciones con sus principales socios parlamentarios, los separatistas catalanes de ERC y los vascos de Bildu.
El presupuesto «dota de estabilidad política y certidumbre económica al país en un contexto internacional convulso por la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania», se felicitó en un comunicado el ministerio de Hacienda.
El presupuesto dispone 274.000 millones de euros (291.000 millones de dólares) de gasto, todo un récord, para cubrir medidas de apoyo a los hogares más vulnerables a la inflación.
El texto contempla un aumento de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, una prolongación de la gratuidad de los trenes de cercanías, instaurada en septiembre, y un incremento del gasto en sanidad y educación.
Dicho gasto será financiado en parte con el plan europeo de recuperación poscovid, del que España es uno de los principales beneficiarios con un total de 140.000 millones de euros previstos en seis años.
También ayudará a financiar el gasto un impuesto temporal para los contribuyentes más acaudalados, aplicado en 2023 y 2024.
El presupuesto integra igualmente una tasa excepcional a los grandes grupos bancarios, que debe aportar a las arcas públicas 3.000 millones de euros en dos años, y un gravámen temporal a las empresas energéticas, que debe aportar a su vez cerca de 2.000 millones de euros.
Al igual que los países vecinos, España acusa una ralentización económica que fragiliza los objetivos de crecimiento y déficit.
En su presupuesto, el gobierno de Sánchez apuesta por un crecimiento del PIB del 2,1% en 2023.
La cifra supera con creces el 1,3% previsto por la OCDE y el Banco de España.
